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Noticias

11.09.2009
Relator Especial para la Alimentación presenta conclusiones preliminares en Managua

Relator Especial para la Alimentación presenta conclusiones preliminares en Managua
Relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación brinda conferencia de prensa.


Managua  11 de septiembre de 2009.– Al final de su misión en Nicaragua, el Sr. Olivier De Schutter,  Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos de la Alimentación ,presentó ante los medios de comunicación nacionales e internacionales sus conclusiones y recomendaciones preliminares.

He aquí las conclusiones preliminares:

La ley No. 693 de 2009 sobre la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional
El Relator Especial acoge con beneplácito el compromiso del gobierno de la República de Nicaragua para con la realización del derecho a la alimentación, y asimismo el espíritu de cooperación dentro del cual ha podido llevarse a cabo la misión. Él hace un énfasis particular en la importancia de la ley No. 693 sobre la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional (Ley de Soberania y Seguridad Alimentaria y Nutricional - SSAN), publicada el 16 de julio de 2009. La adopción de esta legislación es un paso importante hacia la realización del derecho a la alimentación, y debería considerarse como una oportunidad para promover cambios que lleven a un desarrollo agrícola en el que mejoren los ingresos de los pequeños agricultores y sea más sostenible para el medio ambiente.

La estrategia nacional ‘Hambre Cero"

El Relator Especial quedó muy impresionado con una serie de iniciativas que ha tomado el gobierno en aras de mejorar la seguridad alimentaria en el país, sobre todo la estrategia nacional ‘Hambre Cero’. El Relator Especial alienta al gobierno a que garantice la integración de los principios de derechos humanos en el diseño y la aplicación de esquemas como ‘Hambre Cero’. La aplicación de los programas debe hacerse dentro de una mayor transparencia, de manera que éstos sean lo más inclusivos posible. Los requisitos con los que tienen que cumplir los beneficiarios del programa deberán quedar claramente definidos en la legislación y deberá establecerse un mecanismo para la presentación de reclamos. Así se fortalecerá una estrategia que merece ser sostenible y cuyo alcance debe ampliarse. La entrada en vigor de la ley SSAN representa una oportunidad para institucionalizar los programas ya existentes una vez que éstos hayan sido evaluados.

La lucha contra la volatilidad de los precios de los granos básicos en el mercado

El Relator Especial acoge con agrado el fortalecimiento de las capacidades de almacenamiento por parte de ENABAS, la empresa pública que compra granos básicos a precios considerados como remunerativos para los productores, y que a la vez vende dichos granos a precios que están al alcance de los más pobres. Al Relator Especial le preocupa que las intervenciones de ENABAS en el mercado no sean las óptimas, ya que no se cuenta con una buena coordinación a nivel regional. También considera que un sistema de cupones que diera prioridad a los hogares más pobres mejoraría drásticamente el impacto que tiene la distribución de granos básicos a precios subsidiados en la reducción de la pobreza.

La situación de los trabajadores agrícolas

El Relator Especial recabó amplia información sobre la situación de los trabajadores en el sector agrícola, una categoría particularmente vulnerable de la población. El salario mínimo asciende en este momento a 75 Córdobas diarios. Aunque en términos generales se cumpla con dicho mínimo, se trata de una cantidad demasiado baja. De conformidad con la ley de 2008 sobre el salario mínimo, éste debe ir aumentando de manera gradual y ser objeto de revisiones periódicas para que refleje la evolución del índice de precios de los productos básicos. Otras iniciativas tienen el potencial de mejorar la situación de los trabajadores agrícolas en el futuro. El Relator Especial estará muy pendiente de las deliberaciones sobre el Proyecto de Ley Reguladora de la Tercerización y Subcontratación, y de las decisiones que se tomen en el seno del Consejo Nacional Tripartita, creado para fomentar los diálogos entre el gobierno, los empleadores y los sindicatos de trabajadores.

La reforma agraria y el acceso a la tierra

El acceso a la tierra es un tema muy importante en Nicaragua. Es por esta razón que debería agilizarse la ejecución del programa de titularización, y así reducir el riesgo de que haya más conflictos por propiedad de tierras en el futuro. A la hora de resolver disputas  en materia de tierras deberá darse prioridad de acceso a quienes las utilizan como recurso productivo y nunca se debe llegar al punto de un desalojo que no cumpla con los principios internacionales de derechos humanos. También es vital que la titularización venga acompañada de un aumento de la capacidad de producción de los pequeños agricultores, y algo que contribuiría enormemente a dicho aumento de la capacidad sería mayores facilidades de crédito. Por eso se acoge con beneplácito la iniciativa de crear el Banco Produzcamos. Por último, el acceso a la tierra por parte de las mujeres debería fortalecerse. Cabe celebrar la iniciativa de crear un fondo para que las mujeres puedan adquirir tierras; además, éste tema que debería debatirse ampliamente.

La situación de los pueblos indígenas

El tema de la tierra reviste particular importancia para los pueblos indígenas, y por lo tanto,  Nicaragua debe dar un reconocimiento y una protección legales a sus tierras, sus territorios y sus recursos, dentro del respeto que se merecen sus costumbres, sus tradiciones y los sistemas de tenencia de tierras de los pueblos indígenas interesados. El Relator Especial señala con preocupación que los pueblos indígenas son particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático, sobre todo por las inundaciones causadas por las crecidas de los ríos. Deberían establecerse sistemas de alerta temprana y dar apoyo a las comunidades indígenas para permitirles desarrollar modalidades de producción agrícola que resistan mejor las inclemencias del tiempo.

 

El papel de la comunidad internacional
La comunidad internacional desempeña un papel muy importante en el apoyo de los esfuerzos realizador por Nicaragua con miras a mejorar la seguridad alimentaria, en particular en el ámbito del desarrollo agrícola y el desarrollo rural. Al Relator Especial le llamó la atención la buena coordinación que existe entre los donantes, en particular con el apoyo del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, el Sr. Alfredo Missair; no obstante, se han dado una serie de cuestiones que han socavado la confianza entre el gobierno nicaragüense y la comunidad internacional de donantes. Asimismo, la dependencia del país de la asistencia externa hace que el gobierno de Nicaragua desconfíe de que haya intentos por socavar las estrategias de desarrollo humano, considera que no se debe poner condiciones a la hora de dar asistencia. El resultado de todo lo anterior es que desde marzo de 2008 el gobierno y los donantes de la comunidad internacional no se han sentado a la mesa. Esto es lamentable. Además, va en contra del espíritu de la Declaración de París sobre la efectividad de la asistencia y contra el Plan de Acción de Accra. Debería alentarse a ambas partes a tomar las medidas necesarias para fomentar esa confianza que había perdido. El relator Especial piensa que si se sigue la recomendación de ubicar las políticas bajo el marco de la ley SSAN de 2009 y de institucionalizarlas, aumentaría la transparencia, y por lo tanto, se estaría dando un paso importante hacia el fomento de la confianza entre ambas partes.


* * *

Olivier De Schutter fue designado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como Relator Especial de la ONU para el derecho a la alimentación en 2008. Él es independiente de cualquier gobierno u organización. En este momento enseña Derecho Internacional de Derechos Humanos en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica.

El Derecho a la Alimentación. Según el Artículo 11 del Pacto Internacional para los derechos Económicos Sociales y Culturales, todo Estado está obligado a garantizar a las personas bajo su jurisdicción el acceso a la mínima alimentación esencial que sea suficiente, adecuada y segura desde el punto de vista nutricional, a fin de garantizar que estén libres del hambre. Las obligaciones del Estado son las siguientes: respetar, proteger y hacer cumplir el derecho a la alimentación. El Estado está obligado a abstenerse de impedir que los individuos y los grupos se alimenten cuando dicha capacidad exista (respetar), y a evitar que terceros –en particular los actores privados como las empresas- socaven dicha capacidad (proteger). Finalmente, se insta al  estado a fortalecer de manera activa capacidad de los individuos de alimentarse (hacer cumplir).



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